Apartan preventivamente al juez Ernesto García Maañón y se acumulan seis cargos en el jury de San Isidro

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires resolvió separar de su cargo, con carácter preventivo, al juez Ernesto García Maañón, integrante de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro. El magistrado ya se encontraba en uso de licencia por disposición de la Suprema Corte provincial.

La investigación se originó en julio de 2025, cuando una funcionaria que se desempeñaba en ese tribunal radicó una denuncia ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte bonaerense. En su presentación describió mensajes del magistrado con comentarios sobre su aspecto físico y su vestimenta, además de supuestas propuestas de encuentros personales, y acompañó la denuncia con chats y audios como respaldo probatorio.

Seis imputaciones formales del Ministerio Público Fiscal

• Acoso y conductas inapropiadas hacia mujeres, con base en la denuncia inicial de la funcionaria.
• Malos tratos reiterados a empleados y funcionarios, expresados a través de descalificaciones y órdenes arbitrarias.
• Uso de recursos del Estado para beneficio personal, según surge del expediente.
• Trato irrespetuoso hacia superiores y empleo de referencias a su posición institucional con fines de intimidación.
• Presuntos intentos de influir sobre testigos para evitar declaraciones en su contra.
• Delegación irregular de su firma digital, en aparente violación de la normativa vigente.

Con la denuncia ya radicada, se abrió un sumario administrativo en paralelo a una investigación penal preparatoria a cargo del fiscal José Amallo. En noviembre de 2025, la Procuración General bonaerense formalizó la denuncia ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, lo que dio inicio al trámite formal del jury. Luego se acumuló al expediente una presentación del Colegio de Abogados de San Isidro.

El jurado está presidido por el titular de la Suprema Corte provincial, Sergio Gabriel Torres, e integrado por conjueces abogados y conjueces legisladores. El proceso avanza ahora con el análisis de los cargos y la producción de prueba pendiente, en lo que constituye la próxima instancia procesal antes de resolver la situación definitiva del magistrado.