Extienden hasta 2027 el régimen que permite a los cosecheros conservar planes sociales durante las zafras

El Gobierno Nacional formalizó esta semana, a través del Decreto 1204/2026 publicado en el Boletín Oficial, la prórroga por doce meses del régimen que desde 2021 permite a los trabajadores rurales temporarios y estacionales mantener sus asignaciones familiares, la Tarjeta Alimentar y el programa Volver al Trabajo mientras se encuentran contratados bajo modalidades registradas. La extensión lleva la vigencia del esquema hasta el 1 de septiembre de 2027 y, según las estimaciones oficiales, alcanza a alrededor de 50.000 personas en todo el país, además de cubrir a unos 83.000 hijos de aportantes a la seguridad social.

La decisión llega en un momento sensible para las economías regionales. La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores había advertido, antes de la renovación, que unos 120.000 puestos de trabajo rural estaban en riesgo por la incertidumbre sobre la continuidad del mecanismo. El decreto busca desactivar esa alerta y dar previsibilidad a las campañas agrícolas que se concentran en el verano y el otoño austral.

A quiénes alcanza la prórroga

• Trabajadores comprendidos en las modalidades de empleo temporario y permanente discontinuo previstas en la Ley de Trabajo Agrario (Ley N° 26.727).
• Trabajadores agropecuarios contratados bajo relaciones eventuales, es decir, aquellos cuya duración depende de las necesidades de cada cosecha o explotación.
• Trabajadores encuadrados en Convenios de Corresponsabilidad Gremial, una figura específica del trabajo agrario extensivo que comparten productores y gremiales en las producciones intensivas de frutas, hortalizas y viñedos, entre otras.

En la práctica, el cosechero que firma un contrato para una temporada —ya sea de frutas finas en el Alto Valle del Río Negro, de vid en Mendoza, de yerba mate en el NEA o de caña de azúcar en el NOA— no pierde de manera automática sus beneficios sociales. Las asignaciones familiares del trabajador se mantienen durante todo el período de contratación, junto con la Tarjeta Alimentar y, según la situación particular de cada hogar, el programa Volver al Trabajo (denominado así tras la reforma de 2024 del ex programa Hacemos Futuro), que exige contraprestación académica y que en algunas provincias se articula con terminales educativas.

Un punto central para los ingresos del hogar es que las asignaciones familiares correspondientes a estos contratos no pueden ser inferiores al cien por ciento del valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Esto fija un piso mínimo garantizado para las familias con hijos a cargo, con prescindencia de la duración de la temporada y del monto de bolsillo del trabajador.

El decreto contempla, además, una cláusula de transición hacia el empleo formal pleno: cuando la contratación bajo estas modalidades se extiende de manera continua por más de seis meses, ciertos beneficios monetarios de programas sociales —con excepción de la Tarjeta Alimentar— pasan a computarse como parte integrante del salario. La medida apunta a que la registración prolongada no signifique una caída del ingreso disponible, sino un reemplazo gradual de la asistencia por remuneración de mercado.

El esquema se completa con una reducción de las contribuciones patronales (los pagos que el empleador realiza a la seguridad social y a los organismos fiscales, como las contribuciones al Instituto Nacional de Previsión Social o a la obra social del personal rural) para los empleadores que contraten bajo estas modalidades. Se trata de un incentivo que apunta, en los términos del propio texto oficial, a promover la registración laboral en el sector agropecuario.

Para los analistas consultados, la novedad despeja un interrogante central de cara al calendario de cosechas. Sin la prórroga, cada campaña obligaba a las familias a optar entre el ingreso formal y la red de contención estatal. Resta por confirmar la letra chica del decreto en lo que respecta al cruce de información entre la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores (RENATRE) y la AFIP, así como los criterios operativos que aplicarán las entidades gremiales del sector durante la próxima zafra.