Pandanés quedó al borde de la quiebra con 25 sucursales cerradas y 150 despidos y la cadena busca un salvataje judicial

El cierre simultáneo de las 25 sucursales que Pandanés llegó a operar en el área metropolitana de Buenos Aires y la desvinculación de 150 trabajadores dejaron a la cadena de panaderías al borde de la quiebra, luego de que la propia empresa denunciara una caída del consumo superior al 50% de su volumen histórico y un encarecimiento sostenido de los costos. En el expediente, la compañía reconoció una cesación de pagos que se arrastra desde octubre del año pasado, es decir, desde octubre de 2025, y atribuyó el desenlace a un progresivo e irreversible deterioro de los márgenes y del flujo de fondos.

Para dimensionar el cuadro de situación, basta comparar los números de un extremo al otro: frente a un piso de actividad que, según la firma, se derrumbó más del 50% respecto del año anterior, los costos fijos se mantuvieron prácticamente sin cambios. La planta industrial de 1.778 metros cuadrados, inaugurada en noviembre de 2022 cuando el negocio crecía y estaba dimensionada para abastecer hasta 50 locales propios, quedó sobredimensionada a partir de los cierres sucesivos, lo que profundizó la presión sobre la estructura.

Los argumentos que la empresa llevó a la Justicia

En la presentación concursal, Pandanés señaló tres factores centrales: la retracción del consumo, el incremento de los insumos clave —en particular la harina, golpeada por la suba internacional del precio de los granos— y el encarecimiento de los servicios y de los salarios actualizados por paritarias. La gerente de la firma, Lise Lundme Funch, sostuvo que esos elementos provocaron un deterioro de márgenes y flujo de fondos que la compañía no pudo revertir, pese a los intentos de renegociar alquileres, cambiar de proveedores y alcanzar acuerdos con el fisco.

“Esos factores provocaron un progresivo e irreversible deterioro de los márgenes y del flujo de fondos.”Lise Lundme Funch, gerente de Pandanés

El procedimiento de salvataje que frenó la quiebra

El juez Pablo Frick, a cargo del Juzgado Comercial N.º 15, rechazó el pedido de quiebra y ordenó abrir por cinco días un registro para que acreedores, cooperativas u otros interesados se inscriban y presenten propuestas de acuerdo preventivo o de adquisición de las cuotas sociales. La decisión se apoyó en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras (norma que regula los concursos y las quiebras de empresas), que establece que el procedimiento de salvataje debe agotarse antes de declarar la quiebra cuando se cumplen los requisitos legales. En ese contexto, la sindicatura (el contador designado por el tribunal para controlar el cumplimiento de las normas y los derechos de los acreedores) detectó que la empresa no habría acreditado el pago de aportes a la obra social, la ART y el sindicato, un punto que aún queda por acreditar formalmente en el expediente.

El pasivo declarado en el concurso preventivo rondaba los 1.200 millones de pesos al momento del pedido, una cifra que, actualizada por la dinámica inflacionaria, sirve para dimensionar el agujero que dejó el combo de menos ventas y más costos.

Lo que todavía falta confirmar

• Si en el registro abierto por el Juzgado Comercial N.º 15 se presenta efectivamente algún acreedor, cooperativa o tercero interesado en formular una propuesta de salvataje de la compañía.
• El monto final y la composición del pasivo, ya que el expediente registra 1.200 millones de pesos al momento del concurso preventivo, pero la cifra podría variar con las verificaciones posteriores.
• El resultado de las observaciones de la sindicatura sobre los aportes a la obra social, la ART y el sindicato, que según el informe preliminar no estarían acreditados.
• La situación formal de los 150 empleados, despedidos por WhatsApp y aún a la espera de los telegramas de despido y de la posibilidad de retirar sus pertenencias de los locales.