Un policía mendocino fue imputado por abusar sexualmente de una detenida en una comisaría de Godoy Cruz

El oficial ayudante Cristian Daniel Moyano Sánchez, de la Policía de Mendoza, fue imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado tras la denuncia de una mujer de 42 años que estaba detenida en la Comisaría Séptima de Godoy Cruz. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Homicidios y Violencia Institucional.

Según consta en el expediente, la víctima permanecía arrestada por causas vinculadas a estafas. En su declaración, la mujer manifestó que el uniformado la sacó de la celda y la llevó hasta el baño de la dependencia, donde se habría concretado la violación. Aproximadamente una hora después del episodio, la detenida pidió un teléfono para contactarse con su abogado y le contó lo ocurrido. El letrado radicó la denuncia.

Las pruebas reunidas por la Fiscalía

El Cuerpo Médico Forense intervino a la denunciante y confirmó la existencia de rastros compatibles con una relación sexual. En paralelo, se secuestraron el teléfono del acusado y prendas íntimas de ambas partes, elementos que también arrojaron resultados en el mismo sentido, según pudo reconstruir Daniela Moyano, de la sección Policiales y judiciales.

La Fiscalía encuadró el hecho como "abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por personal de las fuerzas policiales o de seguridad en ocasión de sus funciones". Los investigadores sostienen que, por el contexto de encierro, la víctima no estaba en condiciones de prestar un consentimiento válido.

• Cámaras de seguridad activas en celdas, pasillos y baños de uso común, con grabación continua y resguardo del material.
• Protocolos obligatorios de revisación médica al ingreso y de controles periódicos a cargo de profesionales externos a la fuerza.
• Separación de tareas administrativas y de custodia, con prohibición de que un mismo efectivo traslade a una detenida sin testigos.
• Registro digital y auditable de ingresos y egresos de cada detenido, con identificación del personal interviniente.
• Habilitación de líneas telefónicas gratuitas y confidenciales para que los detenidos puedan comunicarse con un defensor o con un organismo de derechos humanos.
• Sanciones administrativas inmediatas y pase a situación pasiva ante cualquier denuncia de violencia institucional, sin esperar la resolución judicial.

Moyano Sánchez se desempeñaba como escribiente al momento del hecho y no portaba arma reglamentaria porque registraba una causa previa por violencia de género y estaba sometido a seguimiento psicológico. Tras la imputación, quedó detenido y fue trasladado a las celdas del Polo Judicial.

La causa avanza con varias líneas de investigación abiertas. Se analizan las cámaras de seguridad de la comisaría, los libros de detención y los testimonios de otras mujeres que estaban alojadas en la dependencia durante el período en el que se habría producido el hecho. El Ministerio de Seguridad y Justicia dispuso el apartamiento inmediato del efectivo, con un posible pase a situación pasiva.

La próxima instancia procesal será la audiencia de formalización de la imputación, donde la Fiscalía deberá exponer la evidencia reunida y el acusado podrá declarar o ejercer su defensa. El expediente se mantiene bajo reserva mientras se completan las pericias pendientes.