Procesan con prisión preventiva al exagente Raúl Martins y le traban un embargo por 300 millones de pesos
La jueza federal María Servini lo indagó por lavado de activos. La defensa había pedido sobreseimiento o falta de mérito y discutió las fechas de las operaciones bajo sospecha.
La Justicia federal procesó con prisión preventiva a Raúl Martins, exagente de la SIDE de 77 años, y le trabó un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos en el marco de una causa por lavado de activos. La resolución fue firmada por la jueza María Servini, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2.
El expediente gira en torno a la sospecha de que Martins habría intervenido en operaciones orientadas a incorporar al circuito económico formal fondos provenientes de la explotación sexual de mujeres. La pesquisa incluyó la trazabilidad de 26 movimientos atribuidos al imputado, entre adquisiciones inmobiliarias y administración de sociedades.
La discusión por las operaciones bajo la lupa
Uno de los ejes del debate fue la cronología. Según trascendió, la defensa sostuvo que las 26 operaciones cuestionadas correspondían a los períodos 2009, 2010, 2011 y 2012, y resultaron anteriores al tramo del delito de explotación sexual que la propia investigación consideró acreditado, comprendido entre enero de 2013 y octubre de 2014.
En el mismo descargo escrito, Martins afirmó que los hechos firmes se reducían al local de avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre. En cuanto a otros nueve establecimientos involucrados en la pesquisa, aseguró que las acusaciones fueron archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.
Martins optó por no responder preguntas en la audiencia. En su lugar, presentó un escrito donde pidió el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. La jueza rechazó ambos planteos y dictó el procesamiento con prisión preventiva.
Los argumentos de Servini y el origen de la pesquisa
Servini consideró que existían elementos suficientes para avanzar con la imputación formal. En su resolución explicó que la fecha de constitución de las sociedades no resultaba un criterio suficiente para descartar las maniobras: una estructura creada antes del delito puede ser utilizada luego para administrar u ocultar bienes de origen ilícito.
La magistrada evaluó en conjunto la actuación de sociedades argentinas y extranjeras, los poderes de administración y la intervención de familiares del sospechoso. Concluyó que Martins habría conservado el control efectivo de la estructura, aun cuando no figurara como beneficiario final en los registros.
- Origen de la causa: comunicación anónima al Ministerio de Seguridad el 6 de marzo de 2013, por una posible explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre.
- Detención en México: Martins fue apresado en 2019 y extraditado desde Cancún hacia la Argentina.
Con la confirmación del procesamiento, la causa queda en condiciones de avanzar hacia la próxima instancia procesal: el cierre de la instrucción y la elevación a juicio oral y público, salvo que la defensa plantee medidas alternativas antes de esa definición.
