Salud mental al límite: las provincias piden coordinar y ampliar recursos para responder a una demanda que no para de crecer
Un relevamiento federal que reúne datos de catorce provincias advierte sobre el salto de las internaciones y las consultas ambulatorias, mientras el Congreso discute una reforma de la ley vigente desde 2010.
Cuando Ileana llegó al centro de salud del barrio San Alberto, en el conurbano bonaerense, ya había cuatro personas haciendo fila antes que ella. La mujer, de cincuenta y tantos años, me dijo mientras esperaba que la atendieran que su hija menor empezó con ataques de pánico después de la pandemia y que, desde entonces, conseguir un turno con un especialista se volvió una carrera con obstáculos. No es una sensación aislada: un relevamiento federal que acaban de presentar en el Senado muestra que, en apenas tres años, las internaciones por salud mental crecieron un 42 por ciento en la Argentina, y que las consultas ambulatorias subieron otro 23 por ciento en el último año. Los números, que surgen de un informe coordinado por la Universidad Nacional de Lanús, encendieron una señal de alerta entre las autoridades sanitarias de catorce provincias, que concentran más del 70 por ciento de la población del país y que pidieron, en voz alta, una respuesta articulada frente a una demanda que ya califican como "sobreexigida".
El mapa del relevamiento: qué provincias aportaron datos
El trabajo se nutrió de información de las máximas autoridades sanitarias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, y también participó el encuentro con las provincias de Entre Ríos y Río Negro. El corte temporal es claro: entre 2021 y 2026 se incorporaron al menos 388 camas nuevas de salud mental en hospitales generales, y trece de las catorce jurisdicciones ampliaron sus redes comunitarias con centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos para el abordaje de consumos problemáticos. Sin embargo, ese crecimiento de la oferta no alcanza a cubrir una demanda que, según los propios equipos provinciales, no deja de aumentar.
- Internaciones por salud mental: +42 por ciento entre 2023 y 2026, con un salto adicional del 12 por ciento en los últimos doce meses.
- Consultas ambulatorias: +23 por ciento en el último año, con un peso creciente de niñas, niños y adolescentes.
- Pérdida de cobertura: gran parte de la nueva demanda llega de personas que dejaron de tener obra social o prepaga y pasaron al sistema público.
- Guardias hospitalarias: en la provincia de Buenos Aires, el 30 por ciento de las consultas en guardias corresponde a problemas de salud mental.
- Recursos humanos: las provincias reconocen dificultades para completar equipos con disciplinas críticas, como psicología y psiquiatría.
Qué reclaman las provincias para hacer frente al escenario
En el informe, las autoridades sanitarias provinciales plantearon un listado de prioridades que atraviesa lo presupuestario, lo edilicio y lo político. Piden aumentar la inversión, ampliar la infraestructura y los recursos humanos, garantizar el acceso a medicamentos y, sobre todo, producir información epidemiológica nacional de calidad, porque hoy cada provincia mide de manera distinta y eso dificulta las comparaciones. También reclamaron recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios, que consideran deteriorada en los últimos años.
El debate llega en un momento sensible: el Senado está discutiendo una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010, y las autoridades provinciales plantearon que la propuesta "elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental, sin incorporar el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos". La advertencia es directa: sin plata, sin equipos y sin acuerdos entre jurisdicciones, la red comunitaria que tanto costó armar corre el riesgo de quedar a medio camino.
Cuando volví a pasar por el centro de salud del barrio San Alberto, ya al cierre de la jornada, Ileana seguía esperando el turno para su hija. Me contó que la atiende una psicóloga una vez por mes, que consigue los medicamentos a duras penas y que cada guardia del hospital público le parece un paso a ciegas. Su historia, que es la de miles de argentinos, explica mejor que cualquier gráfico por qué las provincias insisten en que no se trata sólo de sumar camas, sino de construir un sistema que acompañe de verdad. Como me dijo Ileana antes de despedirse, con la resignación de quien lleva años golpeando puertas: "Mientras nos escuchen, vamos a seguir viniendo".
